La conmoción por el ataque ocurrido en la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal generó rápidas reacciones en los distintos niveles del Estado. Mientras el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó un operativo interministerial y pidió avanzar con el proceso penal, desde el Gobierno nacional siguieron el caso con preocupación, aunque deslizando responsabilidades hacia la administración provincial.
El episodio, que dejó como saldo la muerte de un estudiante de 13 años y varios heridos, volvió a instalar en la agenda pública debates sensibles como la edad de imputabilidad, el acceso a armas de fuego y la capacidad de respuesta del Estado ante hechos de extrema violencia en ámbitos educativos.
Pullaro: conmoción, despliegue territorial y acción judicial
Desde las primeras horas posteriores al hecho, el gobernador santafesino expresó su impacto por lo sucedido y ordenó la inmediata intervención de distintas áreas del Ejecutivo. “Estoy muy golpeado con el hecho”, afirmó, al tiempo que dispuso el envío de un equipo interministerial a la ciudad para asistir a la comunidad educativa y a las familias afectadas.
En ese marco, viajaron a San Cristóbal los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a equipos técnicos especializados en atención a víctimas, niñez y salud mental.
La estrategia del gobierno provincial se centró en dos ejes: la contención integral y el avance de la investigación. En ese sentido, Pullaro instruyó “activar el proceso penal sobre el victimario”, en un contexto marcado por la reciente sanción de la ley que modifica la edad de imputabilidad, aunque todavía no se encuentra en plena vigencia.
Además, se coordinó un operativo sanitario para atender a los estudiantes heridos, con derivaciones a hospitales de mayor complejidad y la intervención de equipos de salud mental para acompañar a las víctimas.
Nación: seguimiento del caso y tensiones políticas
Desde el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, se monitoreó la situación a través de las áreas de Seguridad, Educación y la Procuración, aunque las primeras definiciones públicas marcaron un posicionamiento político más distante.
Fuentes de la Casa Rosada señalaron que “los primeros que deberían expedirse son las autoridades de Santa Fe”, en una clara referencia a la responsabilidad primaria de la provincia en la gestión del hecho.
Aun así, desde Nación indicaron que existe un seguimiento activo del caso y no descartaron el envío de equipos interdisciplinarios para colaborar con la situación en territorio.
En paralelo, dentro del oficialismo nacional comenzaron a surgir planteos vinculados al control de armas y la necesidad de profundizar el debate sobre la tenencia y portación, especialmente en relación a armas no registradas o en situación irregular.
Un hecho que reabre debates estructurales
La tragedia no sólo generó impacto por su gravedad, sino que también reactivó discusiones de fondo en materia de seguridad, sistema penal juvenil y regulación de armas.
En el plano judicial, el caso expone las tensiones derivadas de la transición normativa sobre la edad de imputabilidad, mientras que en el plano político vuelve a poner en evidencia las diferencias entre Nación y Provincia respecto a la gestión de la seguridad.
Por lo pronto, el gobierno santafesino mantiene el despliegue territorial en San Cristóbal, con foco en la contención social y el esclarecimiento del hecho, mientras la investigación avanza y el debate público se intensifica en torno a las responsabilidades y las respuestas del Estado.
