El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, dejó de lado su habitual tono moderado y salió con dureza a enfrentar la crisis del transporte público que atraviesa su ciudad. Lo hizo en una rueda de prensa donde no solo expuso la delicada situación del sistema, sino que también apuntó directamente contra el Gobierno nacional por el esquema de subsidios.
La escena no pasó desapercibida: un jefe municipal de perfil bajo, con un estilo más técnico que político, que decidió hablar sin rodeos ante una problemática que ya no admite disimulos.
“El sistema se rompió”
Poletti fue claro al describir el escenario actual: “Se rompió el sistema”, afirmó, en referencia a la quita de subsidios nacionales sin una compensación para el interior del país.
El intendente explicó que la crisis no responde a un único factor, sino a una combinación que incluye el aumento del combustible —superior al 25%— y acuerdos paritarios definidos a nivel nacional que impactan directamente en los costos de las empresas locales.
Pero el eje de su crítica estuvo puesto en la decisión política del Gobierno nacional de concentrar recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reclamo: subsidios para el interior
En uno de los pasajes más duros de su intervención, Poletti apuntó contra el esquema de distribución de subsidios: “Es indignante que se siga subsidiando al AMBA con recursos de todos, mientras en el interior tenemos que sostener el sistema como podemos”, sostuvo.
La crítica no es nueva, pero esta vez llegó con otro tono. Más directo. Más político.
Y con una advertencia implícita: el interior no está dispuesto a seguir absorbiendo el costo de un sistema desigual.
Judicializar el conflicto
Ante este escenario, el intendente confirmó que se analiza avanzar por la vía judicial junto a otros jefes municipales del país.
La estrategia se trabaja en el ámbito del Consejo Federal de Intendentes, donde crece el consenso sobre la necesidad de llevar el reclamo a la Justicia.
La decisión, de concretarse, marcaría un nuevo nivel de confrontación institucional entre las ciudades del interior y el Gobierno nacional.
Evitar el colapso, el objetivo inmediato
Mientras tanto, en el plano local, el municipio intenta sostener el sistema con recursos limitados. Poletti dejó en claro que la prioridad es evitar el colapso del servicio, aunque reconoció que la situación es crítica. En ese marco, rechazó la propuesta de las empresas de reducir entre un 30% y un 40% las frecuencias en horarios no pico.
“Bajar la calidad del servicio es una mala solución de la cual cuesta volver”, advirtió.
El razonamiento es claro: menos colectivos implican menos usuarios, menor recaudación y un círculo que agrava aún más la crisis.
Usuarios en el centro de la tensión
El impacto de la crisis no es homogéneo.El intendente puso el foco en el 24% al 26% de los usuarios que pagan la tarifa plena, quienes son los más expuestos a los aumentos del boleto.
“Queremos perjudicar lo menos posible a ese sector”, sostuvo, marcando el límite de maniobra que tiene el municipio en un contexto de recursos escasos.
Un problema estructural
Más allá de las medidas coyunturales, Poletti reconoció que el problema es de fondo.
Las empresas enfrentan dificultades incluso para garantizar el abastecimiento de combustible, lo que refleja la fragilidad del sistema.
“Hay que entender también al empresario. Si no hay recursos, el problema es estructural”, señaló.
Un cambio de tono político
La intervención del intendente dejó algo más que definiciones técnicas. Marcó un cambio de tono.
Poletti pasó de la gestión silenciosa a la confrontación directa, en un contexto donde la presión social crece y las respuestas no alcanzan. El reclamo ya no es solo administrativo. Es político.
Una crisis que excede a Santa Fe
El transporte urbano del interior atraviesa una crisis generalizada. Pero en Santa Fe, el conflicto tomó otra dimensión.
Por el peso de la ciudad. Por el impacto en los servicios. Y por la decisión de su intendente de salir a plantearlo sin filtros.
Lo que viene
El escenario es incierto. Un sistema tensionado, recursos que no llegan y una posible judicialización del conflicto.
Mientras tanto, la pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que, según su propio intendente, ya está roto?
