La diputada provincial Silvia Malfesi presentó dos proyectos de comunicación en la Cámara de Diputados para reclamar información al Poder Ejecutivo sobre la situación de la seguridad rural y el funcionamiento de los organismos creados para combatir el abigeato en la provincia.
Las iniciativas apuntan a conocer el nivel de operatividad del Consejo Provincial para el Abordaje Integral del Ilícito Rural y el estado de recursos, equipamiento y presupuesto de la Guardia Rural “Los Pumas”.
Un organismo creado por ley bajo cuestionamiento
Uno de los pedidos de informes se centra en el funcionamiento del Consejo Provincial creado por la Ley 14.358, un espacio pensado para coordinar políticas vinculadas a la prevención y combate del delito rural.
Según planteó Malfesi, existe incertidumbre sobre el funcionamiento real de este organismo y sobre los resultados concretos obtenidos desde su creación.
La legisladora solicitó precisiones sobre si el Consejo se reunió efectivamente desde su puesta en marcha y qué medidas o aportes concretos realizó frente al crecimiento del abigeato y otros delitos vinculados al ámbito rural.
Recursos y equipamiento de “Los Pumas”
El segundo proyecto presentado pone el foco en la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, fuerza especializada en prevención y control de delitos rurales.
En ese marco, Malfesi pidió información detallada sobre cantidad de efectivos operativos, estado de móviles, unidades fuera de servicio y recursos tecnológicos disponibles.
El pedido también incluye datos vinculados a drones, visores nocturnos, sistemas de geolocalización y tiempos de respuesta ante emergencias rurales.
Además, la diputada reclamó conocer el nivel de ejecución presupuestaria destinado a seguridad rural y cómo se distribuyen esos recursos.
Transparencia y seguridad rural
La legisladora sostuvo que los productores rurales tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos destinados a combatir delitos que afectan directamente a la producción.
En ese sentido, cuestionó la existencia de estructuras institucionales que, según afirmó, no logran traducirse en respuestas concretas sobre el territorio.
“No podemos aceptar que el sector que motoriza la economía provincial reciba a cambio un servicio de seguridad deficiente o inexistente”, señaló.
El abigeato y la defensa de la propiedad privada
Desde el espacio político de Malfesi remarcaron que el abigeato, el vandalismo rural y las usurpaciones representan una amenaza directa para la propiedad privada y para el desarrollo productivo de la provincia.
Las iniciativas se enmarcan además dentro de una agenda legislativa vinculada a seguridad y defensa de la propiedad, en línea con otros proyectos impulsados previamente por la diputada, como el denominado “Desalojo Express”.
Un debate que vuelve a la Legislatura
La presentación de los proyectos vuelve a instalar en la Legislatura santafesina la discusión sobre el delito rural y las políticas de prevención en zonas productivas.
La situación de los productores, el funcionamiento de las fuerzas rurales y la eficacia de los organismos de coordinación aparecen nuevamente en el centro del debate político, en un contexto donde distintas entidades rurales vienen reclamando mayores respuestas en materia de seguridad.
