El gremio de los docentes públicos lanzó un petitorio provincial para exigir la derogación de la reforma previsional, terminar con el aporte solidario y recuperar el pago simultáneo de aumentos para activos y jubilados. Rodrigo Alonso advirtió que un pasivo cobra actualmente alrededor del 60% de lo que percibe un trabajador en actividad. En medio de la protesta, un docente jubilado relató a Política de Santa Fe una realidad que resume el conflicto: después de aportar durante 42 años, asegura que su haber representa aproximadamente el 62% del salario de referencia y que ya no le alcanza para vivir.
La relación entre el Gobierno de Maximiliano Pullaro y la docencia santafesina suma un nuevo capítulo de confrontación. Esta vez, el centro de la discusión no estuvo exclusivamente en los salarios de quienes todavía están frente al aula, sino en una de las decisiones más controvertidas de la actual administración provincial: la reforma previsional.
AMSAFE volvió a movilizarse este miércoles 12 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe y lanzó un petitorio que pretende extender por toda la provincia. El objetivo es reunir adhesiones de trabajadores activos y jubilados para exigir directamente la derogación de la reforma.
El planteo gremial contiene cuatro reclamos concretos: terminar con el denominado aporte solidario, recuperar el pago simultáneo de los incrementos para activos y pasivos, garantizar el 82% móvil y derogar la reforma previsional.
No se trata de una protesta aislada.
La movilización aparece en medio de una relación cada vez más deteriorada entre el Gobierno provincial y los gremios docentes. Mientras AMSAFE profundiza sus reclamos, la administración Pullaro sostiene las principales decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 y avanza con una política previsional y salarial que el sindicato considera regresiva.
“Hay que derogar esta reforma previsional”
El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, fue contundente durante la concentración. “Vamos a exigir la derogación de la reforma previsional, que cese el aporte solidario, que el pago de los aumentos, tanto de los activos como de los jubilados, sea de manera simultánea”, afirmó.
El dirigente también volvió a defender un sistema jubilatorio “solidario, público, estatal y de reparto” y reclamó el cumplimiento efectivo del 82% móvil. Este último punto constituye uno de los principales elementos del conflicto.
Según Alonso, actualmente un trabajador jubilado percibe aproximadamente el 60% de lo que cobra un docente en actividad. Esa diferencia, sostiene AMSAFE, evidencia hasta qué punto se deterioró la relación entre los salarios de activos y los haberes de los pasivos.
La reforma previsional impulsada por Pullaro fue presentada por el Gobierno como una herramienta necesaria para enfrentar el déficit de la Caja provincial. Para los sindicatos, en cambio, buena parte del costo del desequilibrio terminó trasladándose hacia quienes trabajaron y aportaron durante décadas.
Ese contrapunto continúa prácticamente desde la sanción de la norma. Y lejos de haberse cerrado, la discusión parece profundizarse.
42 años de aportes y una jubilación que, asegura, quedó en el 62%
Más allá de los porcentajes generales, las leyes y las discusiones políticas, existe una dimensión cotidiana del conflicto.
Un docente jubilado se comunicó con Política de Santa Fe después de 42 años de aportes al sistema provincial y relató su situación personal. Según explicó, su haber actual representa aproximadamente un 62% del salario que toma como referencia y ya no alcanza para afrontar normalmente sus gastos.
El testimonio resulta significativo porque pone en números concretos uno de los principales reclamos que AMSAFE llevó nuevamente a las puertas de la Caja de Jubilaciones.
Durante años, el 82% móvil constituyó una referencia central del régimen previsional santafesino. Hoy, mientras el sindicato reclama su cumplimiento, aparecen jubilados que aseguran encontrarse veinte puntos o más por debajo de ese parámetro.
La situación adquiere además una dimensión política particular por la integración del actual Gobierno.
El socialismo, que durante sus administraciones provinciales defendió el 82% móvil como uno de los elementos distintivos del sistema previsional santafesino, integra actualmente Unidos para Cambiar Santa Fe y forma parte de la coalición encabezada por Pullaro. Ese contraste forma parte inevitablemente de la discusión política que rodea a la reforma.
Jubilados que cobran después y pierden contra la inflación
AMSAFE también cuestionó el mecanismo mediante el cual los aumentos salariales llegan a los jubilados. Alonso recordó que el último tramo percibido por el sector pasivo fue del 12,5%, mientras que la inflación acumulada durante el semestre alcanzó, según los datos citados por el gremio, el 17,1%.
Pero el problema no sería únicamente cuánto se aumenta, sino cuándo llega ese incremento. El sindicato reclama que las mejoras otorgadas a los trabajadores activos sean trasladadas simultáneamente a los jubilados. El diferimiento provoca, según argumenta, una pérdida adicional porque los pasivos reciben meses después una recomposición que ya fue deteriorada por la inflación. “Para la paritaria, los más perjudicados son los jubilados”, resumió Alonso.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia después de las últimas negociaciones salariales entre Provincia y docentes. El Gobierno terminó instrumentando por decreto el incremento rechazado por los gremios docentes. Ahora, AMSAFE advierte que las compensaciones contempladas para los trabajadores activos tampoco alcanzan de la misma manera a quienes ya se jubilaron.
El aporte solidario sigue en la mira
Otro de los puntos centrales del petitorio es la eliminación del denominado aporte solidario.
Desde que se aprobó la reforma previsional, este mecanismo se convirtió en uno de los aspectos más resistidos por organizaciones sindicales y jubilados.
El argumento gremial es sencillo: trabajadores que realizaron aportes durante toda su vida laboral no deberían ser quienes financien nuevamente el desequilibrio del sistema después de acceder a la jubilación.
El Gobierno provincial ha sostenido otra mirada y justificó la reforma en la necesidad de reducir el déficit de la Caja y garantizar su sustentabilidad. Son dos concepciones que hasta ahora no encontraron un punto de encuentro.
Pullaro no muestra señales de retroceder sobre una reforma que considera parte estructural de su gestión. AMSAFE, por su parte, decidió directamente colocar la derogación entre sus reivindicaciones centrales.
Las mujeres docentes, otro punto cuestionado
El gremio también insiste sobre las consecuencias particulares que la reforma produjo entre las trabajadoras de la educación. Alonso señaló que las modificaciones previsionales implicaron para muchas mujeres docentes mayores aportes y más años de actividad antes de alcanzar las condiciones jubilatorias.
Para AMSAFE, ese cambio constituye otro retroceso respecto del régimen anterior. Por eso, cuando el sindicato pide derogar la reforma, no limita el reclamo al aporte solidario o al monto final de los haberes. Discute el modelo previsional en su conjunto y las condiciones bajo las cuales los trabajadores podrán abandonar la actividad después de décadas dentro del sistema educativo.
De la calle a la Justicia
El conflicto previsional tiene además una dimensión judicial.
AMSAFE recordó que existen planteos contra la reforma que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La judicialización muestra que el conflicto ya excedió ampliamente la discusión sindical. La constitucionalidad y aplicación de distintos componentes de la reforma previsional se transformaron también en materia de debate dentro de los tribunales.
Mientras esos procesos siguen su curso, el gremio decidió sostener la presión política y territorial. El petitorio presentado frente a la Caja pretende recorrer los departamentos de la provincia y conseguir el acompañamiento tanto de docentes en actividad como de jubilados.
Una relación con los docentes que no encuentra salida
La nueva protesta tampoco puede analizarse separada del vínculo general entre Pullaro y los trabajadores de la educación.
Desde el comienzo de su administración, el Gobierno tomó decisiones que generaron sucesivos enfrentamientos con AMSAFE: discusiones salariales, descuentos por días de paro, presentismo, modificaciones previsionales y aumentos terminados de instrumentar unilateralmente después del rechazo gremial.
El Ejecutivo sostiene que debe administrar los recursos públicos con responsabilidad y garantizar la sustentabilidad de las cuentas provinciales.
AMSAFE responde que esa búsqueda de equilibrio se está realizando sobre los ingresos y derechos de trabajadores activos y jubilados. La distancia entre ambas posiciones parece ampliarse.
Mientras el gremio reclama revisar decisiones adoptadas durante estos casi tres años, el Gobierno no solamente las mantiene sino que continúa defendiendo el rumbo elegido. Por eso, lo sucedido frente a la Caja de Jubilaciones fue bastante más que otra movilización.
Cuando detrás de los porcentajes aparece una vida de trabajo
El caso del docente que escribió a este medio permite bajar la discusión de las grandes cifras a una situación concreta.
42 años aportando.
Después de más de cuatro décadas dentro del sistema, asegura que hoy percibe alrededor del 62% de la referencia salarial correspondiente y que ese ingreso no resulta suficiente para sostener sus gastos cotidianos.
Es un testimonio particular y, por lo tanto, no puede extrapolarse automáticamente a todos los jubilados docentes. Pero coincide con la advertencia general realizada por Alonso respecto de una brecha que ubicaría actualmente a muchos pasivos alrededor del 60% de los ingresos de los activos. Ahí aparece el verdadero corazón de la discusión.
No se trata solamente del déficit de una Caja ni de conseguir equilibrio en una planilla del Estado. Tampoco alcanza con discutir porcentajes aislados. La pregunta es qué jubilación recibe una persona después de haber aportado durante toda su vida laboral y qué capacidad real tiene ese ingreso para garantizarle una vejez digna.
AMSAFE ya dio su respuesta y volvió a expresarla en la calle: pago simultáneo para activos y jubilados, eliminación del aporte solidario, respeto del 82% móvil y derogación de la reforma previsional.
Pullaro, hasta ahora, sostiene exactamente el camino contrario. Y mientras ninguna de las partes modifica su posición, el conflicto continúa acumulando capítulos. Esta vez, con los jubilados docentes nuevamente en el centro y con historias como la de quien, después de aportar durante 42 años, mira su recibo y asegura que aquel 82% que esperaba encontrar cuando llegara el momento de jubilarse hoy se parece mucho más a un 62%.
