Tras la exposición de la gran industria exportadora nucleada en CIARA, la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación escuchó la contraofensiva de las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel del interior del país. Lejos de convalidar el proclamado “consenso federal” surgido del Senado, los directivos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) y de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) reclamaron modificaciones profundas al proyecto de ley, advirtiendo sobre el cierre masivo de plantas regionales si se aprueba el articulado sin cambios.
El contrapunto volvió a tensar la histórica disputa entre las 25 plantas de biodiésel radicadas en el interior de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, frente a las colosales fábricas de molienda y elaboración concentradas en el Cordón Industrial santafesino.
“Los Juegos del Hambre”: la dura advertencia de CEPREB
El director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, tomó la palabra en representación de las empresas que elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al mercado interno y desestimó de plano que exista un acuerdo integrador.
“No puede haber consenso cuando las compañías que elaboran el 65% del biodiésel pyme no apoyan la ley tal como salió del Senado y exigen cambios porque gran parte de ellas van a ir a la quiebra. No hay consenso cuando tres de los cuatro gobiernos provinciales afectados se manifestaron públicamente en contra y la mayoría de sus senadores votaron negativamente”, enfatizó Martelli.
El dirigente defendió la vigencia del marco actual (Ley 27.640), recordando que sostiene una producción anual de 900.000 toneladas, 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos. En ese sentido, apuntó contra la apertura del mercado interno hacia las grandes exportadoras: “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra a 25 pymes para concentrar el negocio en seis aceiteras. Se exige a las pymes, a las mojarritas, competir contra las pirañas, pero a las pirañas no se las pone a competir contra los tiburones, porque a las petroleras no las dejan entrar con coprocesamiento”.
Martelli denunció la existencia de una doble vara regulatoria al comparar la protección otorgada al bioetanol de caña del Noroeste Argentino —que mantiene un cupo estable y reservado del 6% sin competir contra el bioetanol de maíz— frente al cronograma descendente impuesto a las pymes de biodiésel, que reduce su participación al 4% hacia 2035 para luego extinguirse. “¿Acaso los trabajadores de Daireaux, Junín, Saladillo, Nogoyá, Catriló o San Luis valen menos que los trabajadores del NOA? Vamos a jugar a ‘Los Juegos del Hambre’ entre las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe a ver cuál sobrevive”, advirtió.
Como salida al conflicto, CEPREB propuso no trabar la ley sino elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% actual a un 12% o 12,5%, permitiendo que las grandes aceiteras de Rosario ingresen con su producción al mercado interno sin destruir el segmento pyme regional.
Las fallas técnicas del texto y el “Frankenstein” de CAPBA
A su turno, el presidente de CAPBA, Axel Boerr, planteó una “tercera vía” legislativa: corregir los errores de redacción del Senado en lugar de polarizar entre rechazar la norma o convalidarla a libro cerrado.
Boerr detalló un vicio de origen en el articulado aprobado en la Cámara alta: mientras el artículo 38 fija un mandato de mezcla del 7,5% para el primer año, el artículo 39 establece topes que limitan el abastecimiento efectivo al 6%, dejando un faltante que queda librado a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, organismo que históricamente apenas cumplió los cupos normativos.
Asimismo, cuestionó con dureza el tope de 50.000 toneladas introducido en el artículo 36 para calificar a una empresa como “integrada”: “Una posición estructural no puede definirse por una variable que cualquier empresa puede alterar comprando plantas. Eso deja un Frankenstein legal, porque una gran aceitera se compra una pyme de menos de 50.000 toneladas y pasa a operar como no integrada. Integrada es quien produce biodiésel y aceite de soja, punto”.
Para garantizar una concurrencia equitativa frente a un mercado de refinación ultra concentrado —donde cuatro petroleras absorben el 99% de la demanda y una sola retiene el 60%—, CAPBA elevó un paquete concreto de reformas:
- Subastas obligatorias: Establecer la licitación por subasta como mecanismo único y transparente de fijación de volúmenes y precios, eliminando acuerdos discrecionales.
- Tope homogéneo: Suprimir el límite de 50.000 toneladas y aplicar un porcentaje uniforme de abastecimiento por empresa o grupo económico, fijado en 12% el primer año, 10,5% el segundo y 9,5% a partir del tercero.
- Prioridad ante faltantes: Disponer que cualquier déficit de suministro sea cubierto en primera instancia por las plantas no integradas con capacidad ociosa instalada.
- Eliminación de la regionalidad obligatoria: Retirar la división geográfica de abastecimiento, amparándose en informes de la Secretaría de Energía que demuestran que las distancias logísticas no alteran sustancialmente la ecuación de costos.
- Transición sujeta a competencia real: Determinar que la sustitución definitiva de la Ley 27.640 y el cierre de la etapa transitoria no ocurran por un calendario prefijado, sino cuando el Estado certifique condiciones efectivas de competencia de mercado.
Con estas posturas contrapuestas sobre la mesa, la Cámara de Diputados se encamina a definir si convalida la media sanción del Senado que beneficia al polo agroindustrial santafesino o si reabre el articulado para atender los reclamos del entramado pyme del interior.
La entrada Guerra por los biocombustibles en Diputados: las pymes advierten que la ley del Senado las lleva a la quiebra se publicó primero en SL24.
