
Richard Buchanan no era un preso común. Desde su celda en California, el hombre que las autoridades federales identificaron como integrante de la Mafia Mexicana orquestó durante dos décadas un entramado de extorsiones, apuestas ilegales, narcotráfico y conspiraciones de asesinato que se extendió por todo el sur del condado de San Diego.
El martes por la mañana, los guardias de la prisión estatal de Kern Valley lo encontraron sin signos vitales. Tenía 72 años.
La oficina forense del condado de Kern será la encargada de establecer la causa del deceso, informó Terri Hardy, vocera del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.
Buchanan creció en los barrios de San Ysidro y Otay Mesa, al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, tal como consta en una declaración jurada del propio recluso. Aunque negó cualquier vínculo con la organización, un funcionario penitenciario testificó que fue identificado como miembro en 1989.
Los orígenes violentos de un ascenso criminal
Las autoridades sostuvieron que Buchanan ganó su lugar en la organización tras apuñalar a Manuel Rebeles, exintegrante de la Nuestra Familia —pandilla rival—, en una cárcel del condado de San Diego.
Rebeles levantaba pesas en el patio de ejercicios de la azotea cuando recibió tres puñaladas en el pecho, de acuerdo con un informe de los investigadores al que accedió Los Angeles Times. La víctima sobrevivió al ataque.
Los fiscales argumentaron que la agresión fue ordenada por dos miembros de la agrupación radicados en National City: Ronaldo y Héctor Ayala. Buchanan no fue condenado por ese hecho, pero pasó gran parte de las dos décadas siguientes en prisión por robo, fuga y otros delitos.
Cada vez que recuperaba la libertad, su permanencia en las calles era breve. En 2004, trabajaba en un depósito de chatarra y vivía en una casa en esa misma ciudad, relató una asociada al FBI.
La dueña de la vivienda no le cobraba alquiler, y el camión que conducía había sido un regalo. “La gente le daba cosas porque era una buena persona”, declaró la mujer a los agentes federales.
El caso que lo envió a prisión de por vida
El caso que determinó su encierro de por vida involucró a una guardia penitenciaria corrupta.
Ernesto Torres, un recluso que cumplía una sentencia corta por violencia doméstica, entabló una relación con Jessica Chavez, oficial del Centro Correccional Richard J. Donovan. Tras su liberación, Torres y Chavez mantuvieron un vínculo sentimental, pero la guardia le pidió que se alejara cuando él se volvió posesivo.
Torres amenazó con exponer la relación ante el empleador de Chavez. “Todo tu mundo se va a derrumbar”, le dijo en un mensaje de voz, según los registros del tribunal de apelaciones. La oficial contactó entonces a un recluso que operaba bajo las órdenes de Buchanan.
Buchanan advirtió a Torres que dejara en paz a la guardia. “Estás metiéndote con algo que está ahí y está ahí con un propósito”, le dijo en una llamada grabada, en alusión a que Chavez participaba en otros actos de corrupción. La guardia llamó a Buchanan para agradecerle. “Quiero llevarlos a tomar algo o a cenar”, le ofreció.
Pero Torres no se detuvo. Dejó otra grabación a Chavez: “Me contactaron. El gran homie Richie acaba de hablar conmigo para que te deje en paz. Te han estado vigilando un buen rato”.
Buchanan y su subordinado Steve “Spanky” Parraz se presentaron en el domicilio de Torres. “Si tu familia no estuviera aquí, te mataría”, le espetó Parraz, de acuerdo con la documentación del caso. Buchanan le entregó un teléfono y le ordenó que llamara a Chavez para decirle que nunca más la molestaría.
Buchanan quería dinero. Torres, aún bajo coacción, aseguró que no tenía, pero ofreció el dato de un narcotraficante al que podían “cobrarle impuestos”. Mientras los tres se dirigían a una taquería de Chula Vista para encontrarse con el distribuidor, la policía detuvo el vehículo y los arrestó.
Torres entró en estado de pánico. “No puedo volver a prisión. Estoy muerto. Van a matar a mi familia”, dijo a los oficiales, conforme a un informe policial.
Chavez terminó por renunciar al CDCR y se declaró culpable de amenazas criminales, según el relato del Los Angeles Times. Durante el juicio, testificó que había mantenido relaciones sexuales con el asociado encarcelado de Buchanan porque estaba “agradecida” por su ayuda.
Un imperio criminal que funcionó desde la celda
Tras la condena, Buchanan no perdió su influencia. Conservó el dominio sobre pandillas de la zona sur de San Diego, afirmó un informante del FBI en un reporte de la agencia.
El recluso dividía con los hermanos Ayala el dinero de extorsión recaudado en las cárceles del condado, un fondo conocido como “the light bill” (la cuenta de la luz), aseguró la misma fuente. También operaba casas de apuestas ilegales en sociedad con ellos.
Desde la prisión, Buchanan autorizó a pandilleros del condado de Imperial a cobrar “impuestos” en las ciudades de El Centro, Brawley, Holtville, Calipatria y Niland, según una acusación federal. Sus subordinados secuestraron y torturaron a un distribuidor de drogas que se negó a pagar, añadió el documento.
En 2024, una escucha telefónica captó a Buchanan en conversación con Ronaldo Ayala y Frank “Chino” Madriaga, otro miembro de la Mafia Mexicana que había sido liberado de una prisión federal. Los tres buscaban localizar a un desertor de una pandilla que había sido visto en San Diego, de acuerdo con una denuncia penal consultada por el diario.
Ayala cumple una condena a muerte por un triple homicidio cometido en 1985. Madriaga fue declarado culpable en septiembre de conspiración para cometer asesinato, informó el diario.
