La detención se concretó durante un allanamiento realizado por efectivos de la Policía Federal, a partir de medidas solicitadas por la Justicia santafesina y con intervención de autoridades judiciales de Santiago del Estero. La participación del empresario es una de las hipótesis que manejan los investigadores, aunque todavía debe ser corroborada judicialmente.
Durante el procedimiento se secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 48 cartuchos, cuatro teléfonos celulares, computadoras, una tablet, un pendrive y un dispositivo de almacenamiento de cámaras de seguridad. También se incautó documentación y una importante suma de dinero en efectivo: alrededor de 11 millones de pesos.
El empresario quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que busca reconstruir los contactos, movimientos y eventuales responsabilidades de quienes habrían intervenido en la preparación del ataque.
LA PISTA SANTIAGUEÑA
La pesquisa se había iniciado a partir de una denuncia telefónica que alertó sobre un supuesto acuerdo entre personas de Ceres para contratar a un sicario en Selva y asesinar a Pullaro durante una visita oficial a esa localidad santafesina.
El gobernador había estado en Ceres el 27 de octubre. Al día siguiente, un llamado al 911 puso en conocimiento de las autoridades la presunta existencia del plan criminal.
A partir de esa información, la Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en Ceres el 31 de octubre. En uno de ellos fue detenido un hombre de 66 años, P. P., a quien le secuestraron un revólver calibre 32 y municiones. Posteriormente fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego y recibió prisión preventiva.
La investigación también derivó en la detención de otro sospechoso en Ceres, R. I., quien registraba una condena anterior por narcotráfico y se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Con el arresto del empresario en Selva, la causa incorporó un nuevo eslabón fuera de la provincia y puso el foco en la presunta logística del traslado del ejecutor del ataque.
De todos modos, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la propia existencia del plan. Entre las hipótesis que deben esclarecerse está si hubo efectivamente una contratación para asesinar al gobernador o si la denuncia original respondió a una falsa información. Hasta ahora, no se acreditó que el supuesto atentado hubiera llegado a una instancia concreta de ejecución.
