El escándalo por el desvío millonario de fondos destinados a cargar combustible en patrulleros de la Unidad Regional II de Rosario expuso una organización delictiva con epicentro en la propia jefatura policial. Hasta ahora hay 13 policías imputados, la mayoría con cargos jerárquicos, y cuatro civiles que operaban desde una estación de servicio. Pero lo que resulta más inquietante no es solo la magnitud del robo, sino la ausencia total de responsabilidad política. Como si la corrupción estructural de una de las principales fuerzas de seguridad del país hubiera ocurrido en el vacío.
El martes comenzó la audiencia de imputación que llevó al banquillo —aunque sea vía Zoom— a los protagonistas de una de las maniobras defraudatorias más graves en lo que va del año. El fiscal José Luis Caterina expuso pruebas contundentes: escuchas, seguimientos, fotos y análisis de consumo de combustible cruzado con geolocalización GPS. El resultado fue demoledor. Vehículos fuera de servicio que aparecían cargando combustible, tarjetas Visa Flota en poder de civiles y policías que no tenían asignación de móviles, facturación duplicada o inventada, sobres con dinero saliendo directamente desde oficinas de la estación de servicio hacia manos policiales. Un sistema aceitado. Una caja negra que no solo financiaba “extras” personales, sino que, según la fiscalía, respondía a una lógica interna de recaudación distribuida entre distintas áreas.
Pero lo que nadie se atreve a explicar —al menos en el plano institucional— es cómo esta estructura pudo operar durante tanto tiempo sin el conocimiento, la autorización o el silencio cómplice de algún funcionario político. La cantidad de patrulleros implicados, las cifras en juego (se calcula un desfalco mensual de al menos 45 millones de pesos), la participación de altos mandos policiales, la intervención directa de una estación de servicio y la circulación del dinero en efectivo no son hechos que puedan pasar desapercibidos. No cuando los movimientos quedaban registrados en sistemas estatales, y mucho menos cuando el jefe del “Garage Oficial” visitaba la jefatura policial con sobres que venían directamente de la estación Puma Energy.
«Omar Pereira, que tampoco viene de la política, porque Omar Pereira viene de Gendarmería, es el actual secretario de seguridad de la provincia. Cuando le preguntan sobre la cuestión de las cajas negras, mejor dicho, le preguntan por el tema del combustible, él dice, ‘Las cajas negras existieron siempre.’ Eso es impresionante porque significa que el funcionamiento de las mismas no ha sido modificada», bien lo expresó el Diputado Provincial Carlos del Frade, en el programa de streaming “Democráticamente”, dando su opinión sobre el tema, del cual viene hablando, incluso en libros, desde hace muchos años.
Según reveló el fiscal, al menos 85 móviles que figuraban fuera de servicio realizaron cargas en julio de 2024. El jefe del garage, comisario Gerardo Ramírez, era quien recibía las partidas millonarias asignadas por el Estado. En marzo de 2025, solo esa repartición manejó más de 379 millones de pesos. A partir de esa caja se desarrolló una cadena de complicidades: inspectores, subinspectores y jefes de unidades como Motorizada, Caballería, Policía de Investigaciones, Infantería y el Grupo Táctico Multipropósito se turnaban para pasar por la estación y retirar los sobres con dinero. Algunos fueron fotografiados con cajas, otros sorprendidos in fraganti facturando con más de 300 tarjetas Flota y un posnet.
Entre los civiles implicados, los responsables de la estación Gas Auto Tiferno SA, Mónica Bianconi y Daniel Reynoso, jugaban un rol clave. Facilitaban las tarjetas, sobrefacturaban, preparaban el efectivo y entregaban sobres marcados. En uno de los domicilios allanados se encontró documentación quemada en una parrilla, en lo que el fiscal interpretó como un intento desesperado por destruir pruebas.
El caso desnuda la vulnerabilidad del sistema de control estatal y la facilidad con la que se puede desviar el dinero público cuando los encargados de custodiarlo son los mismos que lo saquean. Pero también expone una línea de sospecha más inquietante: la de la connivencia política.
¿Es creíble que el entonces jefe de la Unidad Regional II, comisario Daniel Alejandro Acosta, no supiera nada? ¿Que su secretario privado, el comisario Rodrigo Domínguez —imputado como uno de los principales facilitadores del sistema— actuara por cuenta propia sin reportar a nadie? ¿Que la Subsecretaría de Control Policial no tuviera alertas sobre lo que estaba ocurriendo?
En una escucha clave, se revela que Domínguez —abogado, funcionario de confianza de Acosta— utilizó su posición para garantizar la continuidad de la operatoria, exigiendo pagos quincenales a cambio de su protección. La causa no lo incluye aún como imputado, pero sigue bajo investigación. Mientras tanto, el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, intenta esquivar el costo político.
Desde la primera denuncia anónima, que llegó por correo en julio de 2024, hasta las actuaciones de Asuntos Internos, pasaron meses de maniobras que involucraron a distintas secciones de la fuerza. Todo indica que no se trató de un caso aislado sino de un esquema sistemático, con redes internas bien aceitadas. Como señaló un funcionario judicial: «Esto no puede funcionar si no hay alguien arriba que lo permita. No hay margen para la ingenuidad».
El fiscal Caterina fue claro: hubo dos modalidades defraudatorias. Una fue la sobrefacturación de cargas reales. La otra, más grave aún, fue la carga directamente ficticia. En ambos casos, los controles fallaron, o directamente no existieron. Y no por azar.
El episodio se vuelve todavía más oscuro cuando se cruzan las denuncias por corrupción con otras acusaciones, como la que hizo Norma Acosta, una mujer que difundió un video en el que vinculaba a altos mandos de la Unidad Regional II con el narcomenudeo. Pocos días después, su casa fue baleada. En ese video, mencionó también la estación de servicio, los nombres de algunos de los policías ahora imputados y el mismo circuito que hoy está siendo desnudado por la justicia.
El silencio oficial es ensordecedor. La responsabilidad no termina en los 17 imputados. Si algo enseñó esta causa es que la impunidad no nace con el delito, sino con el abandono del deber político de controlar. Hasta ahora, no hay funcionarios investigados, ni responsables administrativos apartados, ni gestos claros de que el Estado quiere llegar hasta el fondo. Solo un operativo de contención mediática para que el escándalo no salpique más allá de la estructura policial.
Pero Rosario está harta de cajas negras, y de la sensación permanente de que la corrupción es parte del sistema. Este caso no debería cerrarse con la caída de algunos comisarios. Porque si hubo tantos sobres, tantos litros, tantos millones, es porque alguien más —fuera del uniforme— supo, vio, y dejó hacer.
¿Quién da las órdenes en Santa Fe cuando la policía se organiza para delinquir? Esa es la verdadera pregunta que aún espera respuesta.