
Este lunes, en los Tribunales de Rosario, se dio inicio al juicio oral y público que tiene en el banquillo a dos efectivos de la policía de RoEste lunes, los Tribunales de Rosario comenzaron a sustanciar el juicio oral y público contra dos efectivos de la policía de Roldán, Lautaro A. (28) y Ricardo P. (28), quienes llegan a esta instancia detenidos desde 2023. El caso, que investiga un presunto abuso sexual agravado, se ha convertido en un foco de máxima tensión judicial, marcado por pruebas cruzadas y un reclamo de justicia que resuena con fuerza desde ambos lados.
La postura de la fiscalía y la defensa
La fiscal Dra. Mariela Gusso ha expuesto una teoría del caso que detalla una secuencia de intercepción y abuso en la madrugada del 3 de marzo de 2023, sobre la Ruta A012. Por estos hechos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicita una pena de 12 años de prisión efectiva, tipificando el delito como abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por dos o más personas y por integrantes de fuerzas policiales.
Por su parte, la defensa técnica ha sido enfática en señalar lo que consideran “carencias probatorias”. Según los letrados, el ADN hallado en el cuerpo de la víctima correspondería a su pareja y no a los imputados. Asimismo, argumentan que los registros del GPS del patrullero no reflejan ninguna detención o desvío en el trayecto, puntos que serán clave durante las audiencias que dirige el juez Dr. Nicolás Aliau.
El reclamo de las familias: “Es una injusticia que destruye vidas”
El proceso judicial ha dejado en evidencia el impacto en el entorno de los efectivos. En testimonios recopilados por la periodista Anabela Tramontini y publicados en Pregón durante 2025, tanto Verónica —pareja de Ricardo P.— como Mónica —madre de Lautaro A.—, denunciaron públicamente lo que consideran un entramado judicial erróneo.
Verónica, pareja de “Puntano”, recordó aquella madrugada: “Ellos encontraron a la joven caminando a las 3:00 am. Ella había discutido con su novio. Los policías estuvieron apenas 3 o 4 minutos, la trasladaron a su casa y la madre firmó un acta de recepción. Si la nena hubiera estado en las condiciones que dice, su madre no hubiera firmado nada y habría llamado al hospital inmediatamente”.
La mujer apuntó además a los cambios de versión de la denunciante: “Primero culpó a tres ocupantes de un auto negro, después cambió su relato y señaló a los agentes. El ADN dio negativo para Álvarez, lo único que se sostiene es un testimonio frágil. Ezequiel ama ser policía, es su vocación, no se merecen seguir ahí”.
En el mismo sentido, Mónica, madre de Lautaro A., expresó su angustia y descreimiento sobre la acusación: “Sabemos que es inocente. Mi hijo siempre tuvo vocación de servicio. Él es del norte, allá es cultural ayudar a alguien que encontrás en la ruta para prevenir un peligro; él la quiso ayudar a la chica. Pido que se investigue a fondo, que no armen causas solo porque son chicos del norte o por miedo”.
Mónica realizó un pedido desesperado a la justicia: “Así como escuchan a la mamá de la nena, quiero que me escuchen a mí. Si hubo un abuso, que se investigue y paguen los verdaderos culpables, porque mientras mi hijo y su compañero están guardados hace más de un año, los culpables siguen sueltos”.
La instancia decisiva
El juez Nicolás Aliau tiene ahora la responsabilidad de escuchar la totalidad de las partes. El juicio se presenta como un proceso de alto impacto, donde no solo se debate la culpabilidad o inocencia de dos agentes, sino también la validez de los testimonios frente a las evidencias técnicas presentadas.
La expectativa está puesta en las próximas audiencias, donde se espera que los peritajes científicos y los registros digitales terminen de inclinar la balanza en este caso que ha mantenido en vilo a la comunidad de Roldán y a toda la región.
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