El diputado provincial José Corral confirmó que la Legislatura trabaja sobre una segunda etapa de reformas en seguridad impulsada por el Gobierno de Maximiliano Pullaro. Defendió nuevas herramientas para fiscales y fuerzas policiales, pero reconoció reparos sobre algunos puntos del proyecto y adelantó que el texto no saldrá tal como ingresó. En diálogo con Democráticamente, también habló de la preparación de Santa Fe frente al fenómeno de El Niño y dejó abierta la puerta sobre su futuro político: “Estoy dispuesto a que el equipo me ponga en el lugar de la cancha que sea más útil”.
La seguridad vuelve a colocarse en el centro de la agenda de la Legislatura santafesina. Después del paquete de leyes aprobado durante los primeros meses de la gestión de Maximiliano Pullaro, el oficialismo prepara una nueva etapa de reformas que pretende ampliar las herramientas disponibles para fiscales, policías y el Servicio Penitenciario. Pero esta vez el camino aparece atravesado por cuestionamientos de abogados, especialistas y sectores políticos que advierten sobre los límites constitucionales de algunas de las facultades que pretende incorporar el Ejecutivo.
Uno de los legisladores que trabaja en la búsqueda de consensos es José Corral. El diputado provincial radical, exintendente de Santa Fe y uno de los dirigentes que participó de la conformación de Unidos para Cambiar Santa Fe, habló con Democráticamente, el programa conducido por Juan Francisco en AGOFA TV, y explicó cuáles son los puntos que considera necesarios, cuáles requieren mayor discusión y, especialmente, cuáles entiende que no deberían aprobarse tal como fueron enviados por el Gobierno.
La definición no es menor. Corral dejó en claro que acompañar la política de seguridad de Pullaro no significa otorgarle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.
“En ningún caso sacamos el mensaje del Ejecutivo como venía”, afirmó, al remarcar que existe disposición para modificar artículos, mejorar otros e incluso postergar aquellos sobre los que todavía no exista suficiente acuerdo.
Una segunda etapa para las leyes de seguridad
Corral ubicó el nuevo proyecto dentro de lo que denominó un “segundo tiempo” de las reformas iniciadas en diciembre de 2023.
Según explicó, durante los primeros meses de la actual administración la Legislatura aprobó normas vinculadas con presos de alto perfil, inteligencia criminal y persecución del narcomenudeo, entre otras herramientas destinadas a fortalecer la capacidad de intervención del Estado.
Ahora, según su mirada, llegó el momento de realizar ajustes sobre ese esquema.
Uno de los ejemplos planteados por el diputado está relacionado con los presos de alto perfil. Santa Fe cuenta con un régimen especial para detenidos vinculados principalmente con organizaciones narcocriminales. Corral sostuvo que existen situaciones excepcionales en las que, aun desde prisión, determinados internos pueden continuar participando de delitos o impartiendo órdenes hacia el exterior.
La modificación que se discute permitiría, ante esos casos extremos, avanzar con un aislamiento más severo y hasta suspender temporalmente las visitas, manteniendo el contacto con la defensa legal.
“El Estado no puede ser un Estado bobo”, sintetizó Corral al justificar la necesidad de contar con instrumentos para impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
Allanamientos sin orden judicial: uno de los puntos calientes
Otro de los aspectos sensibles está relacionado con los allanamientos.
La legislación vigente ya contempla circunstancias excepcionales en las que puede producirse el ingreso a un domicilio sin una autorización judicial previa. El proyecto pretende ampliar esos supuestos.
Corral puso como ejemplo la detención en la vía pública de una persona que tenga ilegalmente un arma de fuego —incluso un arma de guerra— y respecto de la cual existan sospechas de que en su vivienda podría almacenar más armamento o explosivos.
La iniciativa busca permitir una actuación inmediata, con posterior comunicación al juez.
El diputado reconoció que allí aparece uno de los debates centrales: hasta dónde puede ampliarse la capacidad de actuación policial y fiscal sin vulnerar garantías constitucionales.
Su posición es que la ampliación puede realizarse siempre que existan controles judiciales inmediatos y circunstancias suficientemente excepcionales que la justifiquen.
Inteligencia digital y la referencia al caso San Cristóbal
El proyecto también pretende avanzar sobre otro territorio cada vez más determinante para la prevención del delito: el mundo digital.
Corral mencionó específicamente el episodio ocurrido en una escuela de San Cristóbal, donde un joven ingresó armado al establecimiento. Según sostuvo, posteriormente se conoció que existía un trasfondo de conversaciones digitales anteriores al hecho.
Para el legislador, ese tipo de episodios demuestra que los organismos de inteligencia necesitan herramientas para actuar también sobre entornos digitales, dentro de los límites y controles que establezca la legislación.
Es una de las incorporaciones que Corral considera que podría reunir un consenso más amplio dentro de las comisiones legislativas.
Corral admite diferencias con abogados y jueces
El diputado tampoco esquivó las fuertes críticas que el proyecto despertó dentro del mundo jurídico.
Confirmó que mantuvieron reuniones con colegios de abogados y también con jueces y camaristas. De esas conversaciones surgió una diferenciación que puede terminar siendo determinante para el texto definitivo: existen artículos sobre los que el oficialismo considera que hay posibilidades de avanzar rápidamente y otros que necesitan una discusión mucho más profunda.
Uno de ellos es el juicio en ausencia, es decir, la posibilidad de avanzar judicialmente contra una persona imputada que no se encuentre presente.
Corral recordó que existe una legislación nacional vinculada a este mecanismo, pero admitió que su incorporación provincial merece debate. Algo similar ocurre con la posibilidad de utilizar declaraciones del imputado realizadas en sede policial. “Hay otros que son más discutibles, lo aceptamos”, reconoció.
La frase marca una diferencia respecto de la idea de aprobar de manera automática todo el paquete remitido desde la Casa Gris.
Un punto del proyecto que Corral no quiere aprobar como está
Pero probablemente la definición política más significativa de la entrevista apareció cuando el diputado habló de la posibilidad de establecer “zonas de peligro”.
El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla la posibilidad de declarar determinados territorios bajo esa condición y habilitar intervenciones especiales. Corral expresó reparos concretos y apeló a su experiencia como intendente de Santa Fe.
“En lo personal, por la experiencia de Santa Fe, a mí me parece que como viene el mensaje del Ejecutivo no conviene aprobarlo en esas condiciones”, señaló.
Recordó experiencias anteriores de operativos masivos sobre barrios enteros que terminaban afectando también a vecinos que no tenían ninguna relación con actividades delictivas.
El exintendente cuestionó esa lógica de montar lo que describió como una especie de “show” alrededor del allanamiento de un barrio completo, donde podían terminar “pagando justos por pecadores”. Incluso puso como ejemplo a un niño que debía ir a la escuela al día siguiente pero podía quedar marcado por un operativo realizado simplemente porque junto a su vivienda residía una persona vinculada con el narcotráfico.
La postura muestra que dentro del propio oficialismo existe voluntad de establecer límites al proyecto.
“No hay posibilidad de seguridad democrática sin fuerzas de seguridad en las cuales tengamos confianza”
Corral también ingresó en una discusión más profunda: la confianza que el Estado democrático debe depositar en sus fuerzas policiales.
Reconoció que la Argentina arrastra razones históricas para mantener controles estrictos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, especialmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. Sin embargo, sostuvo que los desafíos actuales obligan a encontrar un equilibrio entre esas garantías y la capacidad estatal de enfrentar nuevas modalidades criminales.
“No hay posibilidad de una sociedad segura sin fuerzas de seguridad en las cuales tengamos confianza”, planteó.
Para Corral, esa confianza debe coexistir con controles, contrapesos institucionales y la intervención de jueces y fiscales para garantizar el respeto de las garantías constitucionales.
Incluso reconoció que los abusos policiales deben investigarse y sancionarse rápidamente porque son precisamente esos episodios los que deterioran la confianza social.
Al mismo tiempo, defendió la necesidad de recomponer la autoridad estatal dentro de las cárceles, particularmente frente a presos de alto perfil y organizaciones narcocriminales. A su entender, el Servicio Penitenciario necesita respaldo político e institucional para evitar que las estructuras criminales sean quienes terminen imponiendo las reglas dentro de los establecimientos.
Una ley que todavía está lejos de estar cerrada
Todo indica, entonces, que el denominado fortalecimiento de las herramientas de seguridad atravesará modificaciones antes de llegar al recinto.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad de la Cámara de Diputados trabajan conjuntamente sobre la iniciativa. Corral espera que pueda existir un avance durante las próximas semanas, aunque dejó claro que la búsqueda de acuerdos continuará.
La discusión tendrá que encontrar un difícil equilibrio: otorgarle mayores herramientas al Estado para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas sin transformar esas facultades extraordinarias en mecanismos que vulneren derechos constitucionales.
Corral se ubica justamente en ese lugar dentro del oficialismo: respalda la orientación general de la política de seguridad de Pullaro, pero admite que existen límites que la Legislatura debe discutir.
El Niño y una Santa Fe que no puede olvidarse de las inundaciones
Aunque la seguridad ocupó el centro de la entrevista, Corral también se refirió a otro asunto particularmente sensible para la capital provincial: la posibilidad de enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño.
El exintendente recordó las tragedias de 2003 y 2007 y destacó que, después de aquellas experiencias, Santa Fe desarrolló obras de infraestructura, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia, protocolos y puntos de evacuación.
La preocupación reside en la combinación de factores que puede producir un fenómeno intenso: crecidas del Paraná y del Salado, aumento de las napas freáticas y lluvias abundantes.
“Tenés agua desde los cuatro puntos cardinales”, graficó.
Para Corral, los meses previos deben utilizarse para revisar infraestructura y mecanismos de prevención. También reivindicó las obras de desagües realizadas durante sus gestiones municipales, algunas de las cuales, aseguró, tuvieron costos superiores a grandes infraestructuras mucho más visibles, pero resultan fundamentales para evitar anegamientos en los barrios más vulnerables.
¿Corral vuelve a mirar hacia un Ejecutivo?
La entrevista dejó, finalmente, una definición política con perspectiva electoral.
Dos veces intendente de Santa Fe y actualmente diputado provincial, Corral fue consultado sobre si mantiene intenciones de regresar alguna vez a un cargo ejecutivo. No confirmó ninguna candidatura, pero tampoco cerró ninguna puerta. “Estoy dispuesto a que el equipo me ponga en el lugar de la cancha que sea más útil”, respondió.
Corral aseguró sentirse cómodo dentro del equipo político de Pullaro y reivindicó su participación en la construcción de Unidos para Cambiar Santa Fe. También sostuvo que la experiencia acumulada durante sus años de gestión ejecutiva puede ser aprovechada desde la Legislatura o desde cualquier otra responsabilidad que determine el espacio.
También aclaró sus declaraciones anteriores sobre una eventual ampliación de Unidos. Explicó que su planteo fue que la coalición debe permanecer abierta a quienes compartan su programa de gobierno, aunque reconoció diferencias ideológicas, políticas y de estilo con La Libertad Avanza y con Javier Milei.
De esta manera, Corral evita por ahora anotarse formalmente en la carrera electoral, pero tampoco se retira del tablero. Mientras tanto, concentra buena parte de su actividad legislativa en una discusión que promete ser una de las más complejas de los próximos meses: hasta dónde debe avanzar el Estado para fortalecer la seguridad y dónde deben colocarse los límites para que esas nuevas herramientas no terminen debilitando las garantías que pretende proteger.
