El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial para la Recuperación de Recursos Federales, destinado a identificar, documentar y reclamar aquellos fondos que Santa Fe utiliza para financiar obras, servicios o programas que originalmente corresponden al Estado Nacional.
La iniciativa apunta a transformar esos reclamos en una política permanente del Estado provincial y evitar que la defensa de los recursos santafesinos quede supeditada a la decisión política del gobernador de turno. El legislador también planteó que los habitantes de la provincia no deberían terminar financiando dos veces prestaciones u obras cuya responsabilidad corresponde a Nación.
«No se trata sólo de hacer valer derechos contables: se trata de garantizar que los santafesinos no paguen dos veces por los mismos servicios o las mismas obras», sostuvo Palo Oliver al fundamentar la propuesta.
Un mecanismo para determinar cuánto puso Santa Fe por Nación
El proyecto establece un procedimiento para evaluar las erogaciones extraordinarias realizadas por la Provincia en sustitución o como complemento de financiamiento nacional.
El régimen se apoyará en el Registro Provincial de Erogaciones Extraordinarias vinculadas al Financiamiento Federal, creado por la Ley de Defensa del Patrimonio Fiscal. Allí deberán quedar asentados los recursos provinciales destinados a afrontar obligaciones vinculadas originalmente al Gobierno nacional.
Sin embargo, la incorporación de un gasto al registro no significará automáticamente que exista una deuda exigible a Nación. Cada caso deberá ser estudiado individualmente y respaldado por la documentación correspondiente para determinar la existencia del crédito y la posibilidad legal de reclamarlo.
La propuesta pretende, de esta manera, ordenar una discusión recurrente en la relación entre Santa Fe y la administración nacional: qué sucede cuando la Provincia utiliza recursos propios para sostener políticas, servicios u obras ante la falta, demora o interrupción de fondos federales.
Informes técnicos antes de iniciar los reclamos
Para avanzar con cualquier gestión ante Nación deberá elaborarse previamente un informe técnico que identifique la erogación, determine el monto actualizado, detalle el instrumento jurídico que dio origen al compromiso y analice las posibilidades existentes para recuperar esos recursos.
Una vez acreditada la procedencia del planteo, el Poder Ejecutivo podrá iniciar gestiones administrativas ante el Gobierno nacional para solicitar el reconocimiento de los fondos, compensaciones, regularización de transferencias o nuevos acuerdos de financiamiento.
El proyecto establece que deberán priorizarse inicialmente el diálogo, la negociación y los mecanismos de cooperación federal.
Si esas instancias se agotan sin resultados y existen fundamentos jurídicos suficientes, Santa Fe podrá avanzar posteriormente por la vía judicial.
Una Mesa Provincial para definir la estrategia frente a Nación
Otro de los puntos centrales es la creación de la Mesa Provincial de Recuperación de Recursos Federales, que tendrá carácter técnico e interministerial.
Estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, Fiscalía de Estado, Contaduría General, Secretaría Legal y Técnica y las áreas directamente relacionadas con cada gasto analizado, además de otros organismos que puedan ser incorporados mediante la reglamentación.
Su función será estudiar los posibles créditos, determinar la viabilidad jurídica y administrativa de los reclamos, establecer estrategias institucionales y realizar un seguimiento de cada expediente.
En aquellos casos donde existan créditos reconocidos o acuerdos entre ambas jurisdicciones, la Provincia también podrá recurrir a mecanismos de compensación financiera, reconocimiento de saldos, transferencias específicas o convenios de financiamiento.
Los acuerdos alcanzados deberán ser incorporados al registro correspondiente y comunicados a la Legislatura, incluyendo los montos involucrados, los plazos y su impacto sobre las cuentas provinciales.
«Que deje de ser una opción para el gobernador de turno»
Para Palo Oliver, uno de los aspectos políticos centrales de la propuesta es convertir la defensa de los recursos santafesinos en una obligación institucional y no en una facultad utilizada de manera discrecional según la relación existente entre cada administración provincial y el Gobierno nacional.
«Queremos que se apruebe esta ley para que la defensa de los recursos de la provincia deje de ser una opción para el gobernador o gobernadora de turno y pase a ser una obligación», afirmó.
El diputado consideró que establecer procedimientos permanentes permitiría fortalecer la posición de Santa Fe independientemente del signo político de los gobiernos provincial y nacional.
«La transparencia, la cooperación institucional y la intervención técnica fortalecerán la posición de la Provincia en la defensa de sus recursos», agregó.
¿A dónde iría el dinero recuperado?
El proyecto también establece destinos prioritarios para los fondos que eventualmente consiga recuperar Santa Fe.
Los recursos deberán dirigirse principalmente a infraestructura pública provincial y al fortalecimiento de áreas como salud, educación y seguridad. También podrán utilizarse para reducir obligaciones financieras provinciales o financiar programas de inversión pública.
La propuesta busca impedir que esos ingresos extraordinarios tengan una utilización discrecional, por lo que deberán quedar registrados y afectados a las finalidades previstas por la propia normativa.
La Legislatura también deberá controlar los reclamos
La iniciativa incorpora además un mecanismo de control parlamentario. El Poder Ejecutivo deberá presentar cada seis meses ante la Legislatura un informe detallando los créditos analizados, los reclamos iniciados ante Nación, el estado de las negociaciones, los acuerdos alcanzados y las eventuales acciones judiciales.
También deberá informar cuánto dinero logró recuperar la Provincia y cuál fue el destino asignado a esos recursos.
La información tendrá carácter público como parte del esquema de transparencia y rendición de cuentas previsto en el proyecto.
También se revisarían gastos de años anteriores
El régimen no quedaría limitado a las erogaciones realizadas después de la sanción de la eventual ley.
Dentro de los 90 días posteriores a su reglamentación, el Ejecutivo deberá comenzar a evaluar los créditos que ya se encuentren incorporados al Registro Provincial y revisar gastos correspondientes a ejercicios anteriores cuando existan convenios documentados, transferencias nacionales suspendidas o impactos presupuestarios significativos.
De esta manera, Palo Oliver busca establecer un mecanismo permanente para cuantificar y eventualmente recuperar el dinero provincial utilizado ante incumplimientos o interrupciones del financiamiento federal.
«Esta ley, en caso de aprobarse el proyecto, es una herramienta esencial para proteger el patrimonio fiscal de Santa Fe y recuperar recursos que fueron destinados a sostener programas y obras comprometidas por Nación», resumió el diputado.
El planteo introduce así una discusión política de fondo sobre la relación financiera entre Santa Fe y el Gobierno nacional: que independientemente de quién gobierne en la Casa Gris o en la Casa Rosada, los recursos que correspondan a la Provincia sean identificados, reclamados y defendidos mediante procedimientos institucionales permanentes.
