El tratamiento legislativo de la nueva Ley de Biocombustibles en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación marca un punto de inflexión para el entramado productivo más competitivo de la Argentina: el polo agroexportador del Cordón Industrial. La definición del marco normativo no es una mera cuestión técnica de cortes obligatorios; representa la posibilidad concreta de posicionar al país a la par de las potencias agroindustriales del mundo o, por el contrario, consolidar un esquema timorato de transición que deje pasar miles de puestos de trabajo genuinos e inversiones de capital.
En esa carrera estratégica, la Argentina corre desde atrás. Mientras competidores directos como Brasil y Estados Unidos aceleraron sus programas bioenergéticos y llevaron los niveles de corte obligatorio con biocombustibles al doble de los topes proyectados en el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, la dirigencia política nacional discute metas modestas. Una ley moderna, que promueva activamente la industrialización de la soja y el maíz en origen con cortes ascendentes y previsibilidad comercial, permitiría generar al menos 3.000 nuevos empleos directos e indirectos en el Gran Rosario y el departamento San Lorenzo.
El silencio en el Congreso y el costo del aislamiento sindical
Pese a lo que está en juego para el corazón productivo de la región, el debate en el Congreso desnudó un vacío institucional alarmante. A lo largo de las intensas jornadas de debate en las comisiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados —donde desfilaron ministros provinciales, cámaras aceiteras y federaciones pymes de todo el país—, los directivos del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo brillaron por su ausencia.
La conducción gremial que encabeza Daniel Succi no ocupó una sola silla parlamentaria, no presentó propuestas técnicas para exigir un mayor porcentaje de corte que garantice mano de obra en los convenios locales ni emitió opinión pública sobre el articulado de la ley. Esta falta de incidencia política evidencia una visión microclimática, atrapada en pujas domésticas e intereses particulares de corto plazo, que despoja al Cordón Industrial de un lobby sectorial vigoroso capaz de incidir en las grandes leyes que modelan el futuro de la industria aceitera.
La contradicción: del bloqueo por un operario al silencio ante la quiebra
La pasividad sindical cobra una dimensión de profunda contradicción al observar el mapa territorial de las empresas afectadas. El proyecto legislativo que avanza en el Congreso pone en riesgo de supervivencia a pequeñas y medianas empresas elaboradoras radicadas dentro del propio departamento San Lorenzo y zonas de influencia directa del gremio aceitero.
Se trata de los mismos establecimientos productivos donde el SOEA no dudó en paralizar portones y sostener bloqueos ilegales durante días enteros para dirimir un conflicto puntual por el despido justificado de un único trabajador. Paradójicamente, ante una ley de orden federal que amenaza con golpear de muerte la estructura de esas compañías y terminar de raíz con la totalidad de los puestos de trabajo registrados, la misma dirigencia sindical eligió el mutismo absoluto.
No vale llorar sobre la leche derramada
El desarrollo del Cordón Agroexportador no puede seguir atado a conducciones gremiales que confunden la defensa laboral con la confrontación corporativa de trinchera mientras ignoran las discusiones de fondo que determinan la viabilidad del sector. Cuando las plantas se enfrenten al estrangulamiento operativo o las inversiones elijan radicarse en países vecinos por la falta de un marco regulatorio moderno, no alcanzará con consignas vacías ni con culpar a los gobiernos de turno. La advertencia queda planteada: no se puede llorar sobre la leche derramada cuando no se estuvo presente en el lugar y en el momento exacto donde se definía el trabajo de los propios representados.
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