Un grupo de empresas habilitadas para prestar servicios de seguridad privada presentó una nota ante el Concejo Municipal de Rafaela para solicitar que se incorporen mayores controles en las contrataciones que realiza el Estado local para este tipo de prestaciones. El planteo busca que, además del precio, también se evalúe la capacidad de las firmas para cumplir con todas las obligaciones legales y laborales.
Según explican en la presentación, existen contrataciones en las que se adjudicaron ofertas con valores horarios que consideran demasiado bajos para sostener un servicio ajustado a la normativa vigente. Sostienen que el costo de una hora de vigilancia no solo incluye el salario del trabajador, sino también aportes previsionales, ART, seguros, uniformes, capacitación, supervisión e impuestos.
Por ese motivo, proponen que antes de adjudicar un contrato el Municipio verifique si las empresas cuentan con la estructura necesaria para prestar el servicio y cumplir con todas sus obligaciones. También plantean que esos controles continúen durante la ejecución de los contratos.
Entre los puntos que sugieren revisar figuran la cantidad de trabajadores registrados, el pago de aportes y contribuciones, la cobertura de ART, la vigencia de las habilitaciones provinciales, el cumplimiento del convenio colectivo y la documentación del personal afectado a cada servicio. Además, consideran que las ofertas con precios muy inferiores al resto deberían justificar técnica y económicamente cómo garantizarán la prestación.
El escrito también hace referencia a los espectáculos públicos y eventos masivos. En esos casos, solicitan que el Municipio controle que las tareas de admisión y permanencia sean realizadas por empresas y personal debidamente habilitados, tal como establece la legislación vigente.
Finalmente, los firmantes aclaran que el objetivo de la presentación no es cuestionar a ninguna empresa en particular, sino impulsar mecanismos que fortalezcan la transparencia de las contrataciones, promuevan una competencia en igualdad de condiciones y garanticen el correcto uso de los recursos públicos. Como antecedente, acompañaron documentación correspondiente a una reciente licitación municipal de un servicio de vigilancia.
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