La Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad la Emergencia Hídrica para toda la provincia ante los riesgos derivados del fenómeno de El Niño. La norma contempla un fondo de $10.000 millones, herramientas extraordinarias para el Ejecutivo y una comisión bicameral de seguimiento. Sin embargo, el acompañamiento opositor estuvo lejos de ser un cheque en blanco: hubo fuertes cuestionamientos por la reiteración de emergencias durante la gestión de Maximiliano Pullaro, el manejo de fondos con mecanismos excepcionales y la necesidad de garantizar controles, información y transparencia.
La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la Emergencia Hídrica para todo el territorio provincial. El proyecto obtuvo 46 votos positivos y completó así el trámite parlamentario iniciado una semana antes en el Senado, donde también había conseguido un amplio respaldo político. La herramienta tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027.
No hubo diferencias respecto de la necesidad de preparar a Santa Fe frente a las consecuencias que podría provocar el fenómeno de El Niño. Oficialismo y oposición coincidieron en dotar al Estado de instrumentos que permitan reaccionar rápidamente ante lluvias extraordinarias, anegamientos, problemas de infraestructura y otras situaciones vinculadas con el exceso hídrico. Pero la unanimidad en el tablero no reflejó completamente lo sucedido en el recinto.
Porque mientras todos terminaron acompañando la iniciativa, desde diferentes sectores opositores aparecieron fuertes cuestionamientos sobre la metodología elegida por el Gobierno de Maximiliano Pullaro para administrar la Provincia: recurrir reiteradamente a declaraciones de emergencia que amplían las facultades del Poder Ejecutivo y flexibilizan mecanismos administrativos ordinarios.
El debate, entonces, terminó teniendo dos planos diferentes. Uno fue la emergencia hídrica propiamente dicha y la necesidad de anticiparse a una situación climática potencialmente grave. El otro, bastante más político, fue hasta qué punto una herramienta concebida para situaciones excepcionales puede transformarse en un método recurrente de gobierno.
$10.000 millones y facultades extraordinarias
La nueva ley crea un fondo de $10.000 millones destinado a afrontar las necesidades derivadas de la emergencia. Los recursos podrán utilizarse para intervenciones relacionadas con el manejo del agua, mantenimiento y reparación de infraestructura y obras necesarias para mitigar las consecuencias de los eventos climáticos.
La normativa también contempla recursos extraordinarios para municipios y comunas, buscando que las administraciones locales dispongan de capacidad financiera para responder rápidamente frente a las contingencias.
El fundamento resulta atendible: una emergencia requiere mecanismos diferentes a los de la administración cotidiana. Los tiempos de una inundación, una defensa que necesita reparación o un territorio anegado no necesariamente pueden esperar los plazos habituales de la burocracia estatal.
Precisamente por eso las leyes de emergencia conceden atribuciones extraordinarias. Y es allí donde comenzó la discusión. Porque cada flexibilización de procedimientos administrativos destinada a conseguir mayor velocidad también requiere, como contrapartida, mayores mecanismos de control posterior.
Una comisión bicameral para controlar obras, fondos y contrataciones
Uno de los cambios importantes incorporados durante el trámite legislativo fue la conformación de una comisión bicameral de seguimiento.
Estará integrada por representantes de ambas cámaras y tendrá entre sus funciones monitorear la implementación de la emergencia, las obras ejecutadas y las contrataciones realizadas durante su vigencia.
La incorporación fue valorada incluso por sectores opositores que cuestionaron otros aspectos del proyecto.
Natalia Armas Belavi, diputada de Vida y Familia, consideró correcto el establecimiento de la comisión, pero dejó una advertencia: el control deberá ser efectivo. “Vamos a necesitar que los proyectos, los pedidos de informe, tengan una respuesta real”, sostuvo durante su intervención.
El planteo apunta directamente a uno de los principales interrogantes que dejan las emergencias: no alcanza con crear formalmente organismos de seguimiento si posteriormente la Legislatura no recibe información detallada sobre dónde fueron los fondos, qué obras se realizaron y cuáles fueron las contrataciones.
Armas Belavi reclamó precisamente “un seguimiento exhaustivo de esta ley” sobre fondos, obras y contrataciones. Pero además dejó otro cuestionamiento: la comisión de control no estaba contemplada originalmente en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Para la legisladora, una herramienta de esas características debería incorporarse desde el comienzo en cualquier futura declaración de emergencia.
La crítica de Corach: ¿la excepción se convirtió en una manera de gobernar?
Uno de los cuestionamientos políticos más fuertes llegó desde el peronismo.
El diputado Marcos Corach había advertido durante la cobertura legislativa de Política de Santa Fe que Pullaro ya había solicitado 13 emergencias para gobernar. La hídrica que finalmente terminó convirtiéndose en ley volvió a poner esa discusión sobre la mesa.
El planteo no cuestiona únicamente una herramienta determinada, sino la reiteración del mecanismo.
Las emergencias están pensadas precisamente para escenarios extraordinarios. Permiten acelerar procedimientos, disponer de recursos con mayor flexibilidad y brindar al Ejecutivo instrumentos que en condiciones normales están sometidos a otros tiempos y controles.
El interrogante que comienza a instalar parte de la oposición es qué sucede cuando la excepción se vuelve recurrente.
La nueva Emergencia Hídrica vuelve a conceder herramientas especiales al Gobierno provincial y, aunque esta vez existe una comisión bicameral destinada a monitorear su utilización, la oposición pretende poner la lupa sobre la ejecución de los recursos.
Corach también reclamó información sobre obras públicas iniciadas durante la administración anterior y sostuvo que no existen precisiones suficientes respecto de la continuidad, avance o situación administrativa de distintos proyectos. Su reclamo fue por mayor información, planificación y rendición de cuentas.
Armas Belavi: “El Ejecutivo está llegando tarde”
La diputada Natalia Armas Belavi acompañó la ley, aunque su discurso estuvo cargado de críticas.
Su principal cuestionamiento fue que la Provincia estaría reaccionando mediante una emergencia ante una situación que, según sostuvo, había sido advertida con suficiente anticipación. “Quien grite emergencia es porque no supo responder con calma en el momento que era preciso”, planteó.
La legisladora recordó que las primeras advertencias públicas sobre El Niño aparecieron meses atrás y sostuvo que incluso había presentado iniciativas relacionadas con mantenimiento y reparación de sistemas de defensa.
Desde esa perspectiva, cuestionó la afirmación oficial de que Santa Fe se encuentra actuando anticipadamente. “En este caso, el Ejecutivo está llegando tarde”, afirmó.
Su intervención incorporó además un cuestionamiento sobre las prioridades de la administración provincial. Armas Belavi comparó el avance de diferentes obras vinculadas con los Juegos Suramericanos con problemas pendientes en infraestructura hídrica y defensas. “Antes de fin de mes tenemos fantástico preparadas las obras para recibir a los jugadores para el Odesur, pero no tenemos las defensas que necesitan nuestros vecinos de la provincia de Santa Fe”, cuestionó.
Aun con esas críticas, decidió votar afirmativamente. Y explicó el motivo: acompañar la emergencia para que posteriormente no exista una excusa institucional o presupuestaria frente a la falta de ejecución de las obras necesarias.
Granata también apuntó contra el relato oficial
Amalia Granata sumó otra mirada crítica durante la sesión.
La diputada cuestionó lo que consideró un exceso de explicaciones del oficialismo sobre las acciones desarrolladas por la Provincia y sostuvo que realizar obras y responder a las necesidades de la población constituye una obligación del Gobierno y no un favor de los dirigentes.
“Es una obligación que ellos tienen como Estado o como Gobierno darle a la sociedad que paga impuestos, y muchos impuestos en esta provincia y muy altos, una respuesta con obras, con rutas”, expresó.
Granata habló además de “personalización del Estado” para describir aquellos casos en los que, según planteó, se intenta presentar una obligación institucional como un logro personal del dirigente.
Y agregó otro concepto: “control de la narrativa”, al que definió como la estrategia de instalar los logros mientras se oculta aquello que todavía falta resolver.
Unanimidad no significa ausencia de cuestionamientos
La fotografía final de la votación podría generar una lectura incompleta.
La Emergencia Hídrica fue sancionada sin votos negativos porque prácticamente todo el arco político entendió que, ante la posibilidad de eventos climáticos extraordinarios, la Provincia necesita disponer de herramientas para actuar rápidamente.
Pero ese acompañamiento no implicó una aceptación sin condiciones del método. La oposición dejó asentada una discusión que probablemente continúe durante la ejecución de la ley: cuánto dinero se utilizará, de qué manera se contratarán las obras, quiénes serán los beneficiarios, qué información llegará a la Legislatura y qué capacidad efectiva tendrá la comisión bicameral para controlar al Ejecutivo.
La diferencia es sustancial. Una cosa es otorgar herramientas extraordinarias para enfrentar una situación extraordinaria. Otra muy diferente sería naturalizar mecanismos excepcionales como forma permanente de administración.
La emergencia empieza ahora; también el control
Con la sanción definitiva, Pullaro ya dispone de la herramienta que reclamó para afrontar el escenario hídrico. Hay una ley, un fondo inicial de $10.000 millones, recursos extraordinarios destinados a municipios y comunas y facultades para acelerar respuestas hasta el 30 de abril de 2027. Ahora comenzará otra etapa.
La Legislatura deberá demostrar que la comisión bicameral no será solamente una formalidad incorporada al texto para conseguir consensos. Tendrá que exigir información, controlar contrataciones, seguir las obras y verificar el destino de cada recurso extraordinario.
Porque el verdadero debate político que dejó la sesión no fue si Santa Fe debe prepararse ante El Niño. Sobre eso hubo unanimidad.
La discusión fue otra: cuántas veces puede un Gobierno recurrir a poderes excepcionales antes de que la emergencia deje de ser una excepción y termine transformándose en una metodología habitual para gobernar. Y esa pregunta, después de una nueva emergencia aprobada por la Legislatura, quedó instalada en la política santafesina.
