El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente a un médico de Nueva York de participar en un esquema de facturación fraudulenta por más de USD 6,8 millones a Medicare, mientras que otro residente del estado se declaró culpable de defraudar a Medicare y Medicaid por aproximadamente USD 127 millones. Ambos casos se anunciaron con cinco días de diferencia, en el marco de una ofensiva federal contra el fraude en los programas públicos de salud.
Los expedientes involucran a Edgard Salazar, médico de 57 años residente en Armonk, Nueva York, y a Daniel Lee, de la misma edad y vecino de Flushing, en el condado de Queens. Aunque los casos son independientes, comparten un denominador común: el abuso sistemático de programas públicos de salud que sostienen a millones de estadounidenses de bajos ingresos y adultos mayores.
En conjunto, los dos casos suman USD 133,8 millones en cobros falsos.
Médico de Nueva York, acusado de fraude a Medicare por recetas que nunca prescribió
Según documentos judiciales, Salazar habría permitido que la empresa de telemedicina TelevisitMD le asignara recetas ya completadas para beneficiarios de Medicare que no necesitaban los dispositivos ortopédicos indicados. El médico, según la acusación, no examinó ni trató a esos pacientes; en muchos casos, ni siquiera les habló. Cuando sí habló con algún beneficiario y este le manifestó que no necesitaba el aparato, Salazar firmó la receta de todas formas. Además, cobró a Medicare por consultas de telemedicina que nunca realizó.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida formalizó los cargos el 11 de noviembre de 2026, según informó el DOJ en un comunicado. Salazar enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude en atención médica y cinco cargos adicionales de fraude en atención médica; de ser declarado culpable, podría recibir hasta 10 años de prisión por cada cargo.
El caso está vinculado con la condena previa de Christopher Harwood, propietario y operador de TelevisitMD, quien en marzo de 2026 se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en atención médica y fraude electrónico. El mes pasado, un juez lo condenó a 20 años de prisión y le ordenó pagar USD 17,9 millones en restitución.
La acusación de Salazar es una imputación formal; conforme al sistema judicial estadounidense, rige la presunción de inocencia hasta tanto no exista un veredicto de culpabilidad.
Director de centros de atención diurna se declaró culpable de fraude por USD 127 millones
El caso de Daniel Lee es cualitativamente distinto: el acusado ya admitió su responsabilidad ante la justicia. Lee se desempeñaba como director de programa en dos centros de atención diurna para adultos en Flushing: Happy Life Inc. y Z&W Empire Enterprise, Inc., que operaba bajo el nombre comercial Royal Adult Day Care Center.
Durante más de una década, ambos centros pagaron sobornos en efectivo a beneficiarios de Medicaid para inducirlos a inscribirse en los establecimientos y, luego, facturaron al programa por servicios que nunca se prestaron. En algunos casos, los centros presentaron cobros por atención diurna a personas que en ese momento estaban hospitalizadas.
En paralelo, Lee y sus coacusados pagaron sobornos a beneficiarios de Medicare y Medicaid vinculados a una farmacia asociada, que facturó medicamentos recetados médicamente innecesarios. Cuando agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento en Happy Life, hallaron más de USD 100.000 en efectivo; también se incautaron aproximadamente USD 900.000 en cuentas bancarias vinculadas al esquema.
Lee se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en atención médica y conspiración para cometer lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 2 de marzo de 2027; enfrenta un máximo de 30 años de prisión.
Tres agencias federales investigaron los esquemas en conjunto
Las investigaciones contaron con la participación de múltiples organismos. En el caso de Salazar, intervinieron el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG). En el expediente de Lee, se sumaron además el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), y la Oficina de Conducta Especial (OSC). La fiscalización del caso de Lee estuvo a cargo del Distrito Este de Nueva York, mientras que el de Salazar lo tramita la División de Fraude del Departamento de Justicia.
Desde 2007, el programa Health Care Fraud Strike Force del DOJ —integrado actualmente por nueve unidades especializadas que operan en distintos distritos federales del país— acusó a más de 6.200 personas que en conjunto facturaron más de USD 45.000 millones a programas federales de salud y aseguradoras privadas.
