La diputada provincial Ximena García, junto a legisladores del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, trabaja en un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a establecer un marco normativo homogéneo que permita intervenir de manera efectiva ante una problemática que combina uso indebido del espacio público, situaciones de presión hacia los vecinos y conflictos de convivencia urbana.
El proyecto es desarrollado en conjunto con los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas, además del acompañamiento de otros legisladores del oficialismo.
Según explicaron sus impulsores, la propuesta busca dar respuesta a situaciones que, en distintas ciudades de la provincia, derivaron en reclamos vecinales vinculados a prácticas de cobro informal, presiones para obtener pagos y episodios de violencia en la vía pública.
“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos naturalizar que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sostuvo García al fundamentar la iniciativa.
La legisladora remarcó además que el proyecto apunta a terminar con lo que definió como una “doble imposición”, en referencia a los casos en los que los automovilistas abonan estacionamiento medido y, simultáneamente, enfrentan pedidos de dinero de carácter informal.
La necesidad de una herramienta provincial
La propuesta no parte de un diagnóstico aislado. Integra iniciativas previas presentadas por Ghione, Scavuzzo y Seisas, y toma como referencia experiencias municipales implementadas en la ciudad de Santa Fe.
En ese sentido, García señaló que uno de los objetivos centrales es superar las limitaciones que actualmente enfrentan los municipios. “Hoy muchas intervenciones terminan en demoras breves. Cuando existe reincidencia o se registran episodios de violencia, la falta de una norma provincial reduce la capacidad de respuesta institucional”, explicó.
Desde el oficialismo indicaron que el proyecto fue trabajado con acompañamiento técnico del Gobierno provincial, en el marco de una estrategia orientada a ordenar el uso del espacio público y fortalecer herramientas de convivencia urbana.
Sanciones y esquema de aplicación
El proyecto propone modificaciones al Código de Faltas provincial, incorporando un sistema de sanciones gradual. La respuesta prioriza el trabajo comunitario como primera instancia y prevé arrestos contravencionales en casos de reincidencia, siempre que la conducta no configure un delito penal.
Los legisladores subrayaron que la sanción contravencional solo se aplicará en aquellos municipios donde la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente. De este modo, remarcaron, se preserva la autonomía municipal establecida en la Constitución provincial.
“La ley no sustituye las facultades locales. Busca brindar un marco jurídico común que permita intervenciones coherentes y sostenibles en toda la provincia”, indicaron.
Reconversión e inclusión laboral
Uno de los ejes del proyecto incorpora un abordaje social complementario. La iniciativa prevé la creación de un programa provincial de inclusión y formación laboral destinado a personas que actualmente desarrollan esta actividad en contextos de informalidad.
El esquema contempla instancias de capacitación, registro e incentivos para la inserción laboral en el sector privado, con el objetivo de facilitar procesos de reconversión.
“Se trata de combinar la firmeza necesaria para ordenar el espacio público con herramientas concretas de inclusión. La norma apunta a generar condiciones para que quienes deseen incorporarse al trabajo formal puedan hacerlo”, sostuvo García.
La discusión se inscribe dentro de una agenda legislativa más amplia vinculada a seguridad, convivencia urbana y regulación del espacio público, uno de los ejes que comenzó a ganar centralidad en distintos ámbitos políticos y municipales de la provincia.