Héctor Daer visitará pasado mañana a Hugo Moyano en la sede del Sindicato de Camioneros por segunda vez en casi dos semanas. El encuentro tiene un simbolismo: es una suerte de pacto entre dos sectores sindicales históricamente antagónicos. Al día siguiente, el martes próximo, estarían ambos en la sede de la Uocra para la primera reunión de consejo directivo de la CGT sin Pablo Moyano, el hijo del jerarca camionero que renunció hace dos semanas al no conseguir apoyo para avanzar con el tercer paro general contra la administración de Javier Milei.
El apretón de manos entre Daer y Hugo Moyano marcaría el regreso del patriarca a la CGT, donde ocupó el sillón de mando entre 2003 y 2015. Desde entonces y hasta la actualidad, la central obrera se gestionó mediante un triunvirato, con un representante por cada tribu. Pero por segunda vez en seis años, el moyanismo rompió ese mapa: lo hizo primero Juan Carlos Schmid, en 2018, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, y ahora lo repitió Pablo Moyano. Internas que tal vez reverdecen frente a la desorientación sindical sobre cómo posicionarse ante un gobierno no peronista.
Milei observa desde lejos, aunque con atención, el triunfo de los dirigentes sindicales dialoguistas por sobre los combativos. Con los primeros selló una tregua a través de Santiago Caputo y Guillermo Francos a cambio de blindar el cobro de la cuota solidaria, mantener la fluidez de recursos en sus obras sociales y que no prosperen en el Congreso los proyectos de ley de Pro y la UCR para limitar el poder de representación y recaudación de los gremios. Con los duros, la estrategia es desconocerlos, desfinanciarlos y forzar su atomización.
En el Gobierno reconocen de todas maneras que el choque con los gremios será inevitable, aunque creen que ahora no es el momento. Los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación) ya manifestaron puertas adentro del gabinete su malestar por esta alianza con un sector de la casta sindical. Caputo le ordenó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, moderar paritarias y que los aumentos no superen el 3% mensual, en línea con las proyecciones oficiales. Una de las negociaciones que está frenada, justamente, es la de los camioneros de Moyano, que exige un alza de 5% y un bono de fin de año de $650.000. Sturzenegger, en tanto, comenzó al inquietarse con algunos resortes del Estado al comprobar que sus medidas no se llevan a cabo a pesar de sus rimbombantes anuncios en redes sociales. Su batalla es, sobre todo, con los estatales, a quienes pretende someterlos en el transcurso de diciembre a un examen de idoneidad a pesar de llevar años en sus puestos. ¿Será una excusa para activar la motosierra de manera selectiva?
El regreso de Hugo Moyano a la CGT en reemplazo de su hijo Pablo es hoy una buena noticia para el Gobierno. Moyano padre tiene línea directa con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y en lo relativo a los asuntos sindicales siempre encontró una respuesta favorable desde que Cordero reemplazó al macrista Omar Yasin. Es decir, hay un canal de comunicación, algo improbable con su hijo Pablo.
En el ajedrez sindical, su regreso a la CGT le servirá a Daer y al resto de los sectores dialoguistas, entre ellos el de los autodenominados “independientes” y el que comulga con el liderazgo de Luis Barrionuevo, a mantener una frágil unidad hasta el año que viene, cuando se deberían renovar los nombres del consejo directivo. “Tiene que haber un manejo estratégico de la relación con el Gobierno. Pablo [por Moyano] había avalado las negociaciones que tuvimos y de golpe pretendió que nos unamos al paro del transporte del 30 de octubre”, argumenta un jerárquico de la CGT sobre la decisión de no haber apoyado la protesta que impulsaba el más díscolo de los Moyano.
Pablo Moyano no le adelantó sobre su renuncia ni siquiera a los dirigentes aliados que tuvo en el consejo. A tres de sus más incondicionales los tomó tanto por sorpresa que les generó malestar y hoy decidieron tomar una sutil distancia. Cuando se conoció su salida, en el grupo de WhatsApp de secretarios generales de la CGT habría habido solo dos que le dieron su apoyo: Graciela Aleñá (Vialidad) y Jorge García (taxistas). Desde el portazo, el número dos de los camioneros dejó de ir al gremio y pasa algunas horas en la mutual o en el club. Tampoco participa de la negociación salarial con los empresarios, de la que fue corrido por su padre. Se mostró apenas en una actividad con militantes camioneros y en un streaming militante vinculado al peronismo. A sus posibles nuevos aliados de la CTA no les atendió el teléfono en toda la semana cuando lo llamaron para saber si sumaba a la marcha del jueves pasado en la Plaza de Mayo. Es a veces desconcertante.
La interna familiar y los negocios
“Pablo es así”, sale del paso Hugo cuando le consultan sobre los movimientos de su hijo mayor. La relación entre ambos se quebró en 2021, cuando Pablo fue relegado del segundo escalafón de mando de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que su padre tiene en un puño desde 1992. Pero unos meses antes, en plena pandemia, se había dado una discusión muy fuerte por la crisis financiera de la obra social del gremio (Oschoca), según supo LA NACION.
La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio hace un tiempo un vuelco porque Oschoca se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica. El último auxilio se lo dieron los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $14.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley.
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país creció de $11.500 millones, en abril último, a $21.139 millones, a diciembre, según las planillas a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda en base a la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $40.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.
La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios. El 26 de agosto último, la esposa de Hugo Moyano quedó como presidenta de la firma. Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado hace casi 15 años por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. El expediente judicial jamás prosperó y no hay indicios de que pueda hoy reactivarse. Ese frente dejó de ser una preocupación para Moyano, que el miércoles compartió un agasajo de fin de año con el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos de Milei para cubrir una vacante en la Corte Suprema.
Moyano tiene 81 años. Si falleciera hoy, una parte de los bienes y el control económico del gremio quedarían en manos de Zulet y sus hijos. Es una de las razones por las que Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el heredero natural, no se habla con la esposa de su padre desde hace años, según contaron en su entorno. Pablo le adjudica a la empresaria la crisis financiera de la obra social. El mayor de los Moyano tampoco se habla con Facundo y Jerónimo, dos de sus hermanos. Jerónimo es el menor y es el secretario privado de su padre. Facundo volvió al gremio de peajes tras renunciar a su banca de diputado nacional por diferencias con el kirchnerismo y esta semana se involucró en la interna familiar con una publicación en redes sociales en la que reclamaba mayor democracia en la interna de los gremios. ¿Un mensaje a su papá, que lidera el gremio desde 1987?
🗳️ Hace diez años presentamos el proyecto de Democracia Sindical en la Cámara de Diputados, modelo que aplicamos en nuestra organización, obteniendo los mejores resultados en derechos de los trabajadores.
Más allá de las críticas de gran parte del sector sindical, seguimos… pic.twitter.com/tijd8Eil5b
— Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) December 4, 2024
Rebelión
Los coletazos de la crisis en la obra social comienzan a tener impacto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba el liderazgo de Moyano. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. En Jujuy y Tucumán emergieron dos sindicatos de camioneros alternativos con simple inscripción como un desafío y hay movimientos en ese sentido en Corrientes y San Luis. Las provincias que amenazan con abrirse de la Federación reclaman “mayor federalismo y menos personalismo”.
El descontento con los Moyano también se expandió insólitamente a Buenos Aires, la seccional más poderosa. Un grupo de delegados de la rama de la recolección de residuos se levantó contra sus jefes sindicales, según reveló Infobae. El malestar de los recolectores es porque no cobrarán la indemnización por la denominada “ley Moyano”, una norma no escrita por la cual cada vez que una empresa cambie de accionistas debe despedir al personal, indemnizarlo y volverlo a contratar. Se trata de un pacto que selló hace 26 años Hugo Moyano con Franco y Mauricio Macri, pero que ahora otro Macri, Jorge, el jefe de gobierno porteño, negoció con el gremio para que no se abone.
La insurgencia de los recolectores de residuos obligó a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, a dar explicaciones. Aparicio reconoció en un video que la denominada “ley Moyano” es “un privilegio que no existe en la ley de contrato del trabajo”. Intentó hace poner paños fríos sobre una rama rebelde que estuvo bajo su órbita. Aparicio es hoy uno de los dirigentes camioneros que hace equilibrio entre Hugo y Pablo. Cuentan en el gremio que, frente al nuevo enfrentamiento entre padre e hijo, intervino con una ocurrencia: “Si no pueden ser familia, sean compañeros de laburo”.