La moción fue aprobada por una amplia mayoría: obtuvo 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, lo que volvió a dilatar el tratamiento de una norma que genera fuertes diferencias políticas y técnicas.
El proyecto cobró mayor visibilidad en las últimas semanas, en un contexto en el que volvió a instalarse el debate sobre la soberanía nacional tras la repercusión del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Fútbol. En ese escenario, uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es la flexibilización de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La demora también dejó al descubierto el creciente malestar entre los bloques dialoguistas, que cuestionan los reiterados cambios introducidos en el texto oficial y la falta de consensos. Ese clima genera un antecedente complejo de cara a una eventual aprobación en el Senado y su posterior tratamiento en la Cámara de Diputados.
El articulado en discusión es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque trascendió que el propio funcionario manifestó diferencias con el borrador final, que ya acumula al menos 15 versiones.
Entre los principales cambios que propone el proyecto figuran modificaciones al régimen de expropiaciones, una ampliación de los plazos para desalojos —que pasarían de cinco a veinte días— y cambios en la legislación sobre manejo del fuego, eliminando restricciones vigentes desde hace décadas para intervenir o comercializar terrenos afectados por incendios.
Sin embargo, el aspecto que concentra la mayor controversia es el referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa establece que las únicas limitaciones serán la prohibición para que los Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la imposibilidad de hacerlo para empresas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
